La Cámara de Diputados emite declaratoria de constitucionalidad en materia de reforma al Poder Judicial

 

•          Se dio fe de la recepción de 23 votos aprobatorios de congresos locales

 

•          Las reformas fueron enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

           

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2024.- La Cámara de Diputados declaró reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial.

 

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, dijo que una vez realizado el cómputo de votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, esta presidencia emite la siguiente de declaratoria:

 

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.

 

Indicó que en términos del artículo 135 constitucional se remite al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

Previamente, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Julieta Villalpando Riquelme (Morena), dio cuenta de una comunicación del Senado de la República sobre el proyecto de declaratoria.

 

Además, el diputado Pedro Vázquez González (PT), secretario de la Mesa Directiva, informó que se recibieron 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

 

Indicó que “en virtud del cómputo realizado la secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial. Se pide a todas y todos los presentes ponerse de pie”.

 

Entre lo aprobado se destaca que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

 

Menciona que la SCJN se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

 

Además, los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo y establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos señalados en la Constitución y en las leyes.

 

Incluye la figura de “jueces sin rostro”, al estipular que “tratándose de delincuencia organizada el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

 

Crea el Tribunal de Disciplina Judicial el cual será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución Política.

 

En los transitorios precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

 

Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales.

 

Indica que ministras y ministros de la SCJN que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria de 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

 

Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

 

Una vez emitida la declaratoria, el diputado Sergio Gutiérrez Luna levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de septiembre, a las 11:00 horas.

 

 

Cámara de Diputados da trámite de publicidad a reforma sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

 

•          El dictamen los reconoce como sujetos de derecho público y asegura el derecho de las mujeres a participar en la toma de decisiones

 

•          Garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a una atención adecuada

 

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2024.- La Cámara de Diputados conoció para trámite de publicidad el dictamen que reforma al artículo 2º de la Constitución Política, a fin de reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

 

La declaratoria fue emitida por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva.

 

El documento, que forma parte de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero y de diversas propuestas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura, considera una nueva constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna.

 

Menciona que la nación mexicana tiene una composición multiétnica. Reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

 

Precisa que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.

 

Los pueblos y comunidades indígenas, añade, podrán participar, en términos del artículo 3º constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.

 

También, desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio. Se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.

 

Las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.

 

Asimismo, ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales; ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.

 

Indica que los pueblos y comunidades afromexicanas se integran por descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, trasladados por la fuerza, asentados en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.

 

Los pueblos y comunidades afromexicanas, expone, tendrán el carácter de sujetos de derecho público, y tendrán derecho a la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual colectiva, en los términos que establezca la ley.

 

Asimismo, la promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos, aportes y contribuciones a la historia nacional y a la diversidad cultural de la nación, en las modalidades y niveles del sistema educativo nacional, y ser incluidos en la producción y registros de datos, información, estadísticas, censos y encuestas oficiales, para lo cual las instituciones competentes establecerán los procedimientos, métodos y criterios respecto de su identidad y autoadscripción.

 

También, reconoce y asegura el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a la propiedad y a la posesión de la tierra y demás derechos humanos.

 

Reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a las tecnologías, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros. Además, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género.

 

Considera que la Federación, las entidades federativas y los municipios deben adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, con el propósito de eliminar discriminación, racismo, exclusión e invisibilidad de las que sean objeto las comunidades y pueblos indígenas y afroamericanos.

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas en sus ámbitos de competencia fijarán las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, así como las bases y mecanismos para asegurar su reconocimiento como sujetos de derecho público, con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

 

 

Posteriormente, la presidencia de la Mesa Directiva levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo martes 10 de septiembre, a las 11:00 hora.

Aprueba Cámara de Diputados, en lo particular, reformas al Poder Judicial

 

•  El dictamen se remitió al Senado para sus efectos constitucionales

 

: Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2024.- Por mayoría calificada de 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, relativos al Poder Judicial.

 

Aprobado en lo general y en lo particular, el dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

En lo particular, se aceptó la reserva de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) que modifica el artículo 40 para establecer el criterio de paridad total en los poderes públicos, federales, locales y organismos constitucionales autónomos, y en los artículos 116 y 122 instituir el lenguaje inclusivo.

 

También, se incluyó la reserva del diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM), al segundo párrafo del artículo 101 para que en el caso de magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito, no se limite su derecho a ejercer la profesión en Derecho fuera del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo.

 

Fue aceptada la reserva del diputado Francisco Arturo Federico  Ávila Anaya (Morena), que modifica los artículos 109 y 110 para que las magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo, sean acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho, “mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiere el párrafo siguiente al momento de su retiro”.

 

 

 Las reservas presentadas por 37 diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI y MC, así como por la diputada del PRD, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, quedaron en términos del dictamen.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general,

por mayoría calificada, el dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial

 

•          Para la discusión en lo particular fue reservada la totalidad de los artículos del dictamen

 

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2024En sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, relativas al Poder Judicial.

 

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó a la Asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de decreto y a todos los artículos transitorios.

 

Previamente, al dar lectura a la sinopsis del dictamen, destacó que se establece un proceso de elección por voto popular para magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito, así como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un proceso que se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral.

 

Además, reduce la integración a nueve ministras y ministros de la SCJN, con una duración en su encargo de 12 años.

 

Dijo que se señala un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes dicten sentencias. En caso de no cumplir con ese plazo, debe dar aviso al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones cuando no se dicte sentencia en los plazos establecidos o, en su caso, dar vista al Órgano Interno de Control tratándose de tribunales administrativos.

 

Fija el procedimiento para la elección de las ministras y ministros de la SCJN, de las magistradas y los magistrados de Circuito, de las juezas y los jueces de Distrito, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de las personas magistradas electorales que integren la Sala Superior del Tribunal Electoral.

 

Determina los requisitos para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, jueza o juez de Distrito y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los mecanismos para la designación en caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de alguno de sus integrantes.

 

Señala que la administración y control interno en el Tribunal Electoral corresponderá al Órgano de Administración Judicial y los temas relativos a la disciplina de su personal al Tribunal de Disciplina Judicial, al cual también le compete conocer de los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores y los que se susciten entre la SCJN y sus empleados.

 

Faculta al Tribunal de Disciplina Judicial para conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.

 

Da cuenta de las facultades del Órgano de Administración Judicial, que contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial, además de determinar el número, división en circuitos, competencia y materias de los Tribunales Colegiados de Circuito, de Apelación y Juzgados de Distrito.

 

Desechan mociones suspensivas

 

En votación económica, el Pleno desechó, por separado, dos mociones suspensivas presentadas por los diputados Germán Martínez Cázares (PAN) y Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos (MC) para detener el procedimiento y ampliar el diálogo.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados da cuenta de la constitución de seis grupos parlamentos en la LXVI Legislatura

 

• Estos son: Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2024.- En la sesión de hoy, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de la constitución para la LXVI Legislatura de los grupos parlamentarios de Morena, del PAN, del PVEM, del PT, del PRI y de MC.

 

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, declaró que “quedaron constituidos para la LXVI Legislatura los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano”.

 

Comunicaciones

Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo de su Mesa Directiva para la conclusión de los proyectos de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados.

 

Gutiérrez Luna expresó que la Cámara de Diputados manifiesta su anuencia para que el Senado de la República resuelva lo procedente respecto a las minutas con proyecto de decreto o ley remitidas a la colegisladora hasta antes del 1° de septiembre del año 2024, y solicitó actualizar los registros parlamentarios.

 

La Cámara de Senadores envió comunicación respecto a que se declaró legalmente constituida para la LXVI Legislatura y eligió a su Mesa Directiva para el primer año de ejercicio.

 

Se turnó a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio y Televisión el informe previo de resultados de gestión 2024 del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral se conoció el informe previo de resultados de gestión, correspondiente al primer semestre de 2024. Se envió a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

 

Se remitió a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el informe respecto a la composición y situación financiera de sus inversiones, correspondiente al segundo trimestre de 2024 del Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 

A la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad fue remitido el informe semestral de labores, correspondiente al periodo comprendido del 1º de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024 del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

 

Asimismo, se informó que los asuntos turnados durante esta sesión quedarán en poder de la Dirección General de Proceso Legislativo en tanto se integran las comisiones ordinarias.

 

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 3 de septiembre, a las 10:00 horas.

Cámara de Diputados concede licencia a cinco

diputados para separarse de sus funciones legislativas

 

•          También rinden protesta cinco diputados; Morena y PVEM comunican la incorporación de diputadas y diputados a sus grupos

 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2024.- El Pleno de la Cámara de Diputados concedió licencia para separarse de sus funciones legislativas a los diputados Juan Carlos Natale López (Morena- Veracruz, 3ra-Circunscripción), Jorge Romero Herrera (PAN- Ciudad de México, 4ta-Circunscripción), Rodrigo Miranda Berumen (PAN- Ciudad de México, 4ta-Circunscripción) y Jesús Antonio Nader Nasrallah (PAN- Tamaulipas, Distrito 8), por tiempo indefinido a partir del 1 de septiembre.

 

Asimismo, el diputado César Arnulfo Cravioto Romero (Morena- Ciudad de México, Distrito 1), para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del 2 de septiembre.

 

Enseguida, el presidente en funciones de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), tomó la protesta de ley a los diputados Enrique Vázquez Navarro (3ra Circunscripción); Jesús Emiliano Álvarez López, (Ciudad de México- Distrito 1); Daniel Chimal García (4ta Circunscripción); Guillermo Treviño Martínez (Tamaulipas, Distrito 8) y Miguel Ángel Guevara Rodríguez (4ta Circunscripción).

 

Incorporación de diputadas y diputados a otros grupos parlamentarios

 

Durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de diversos oficios de las coordinaciones de los grupos parlamentarios de Morena y del PVEM, por los que comunicó la incorporación de diversas diputadas y diputados a sus grupos.

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

 

Las y los diputados que externaron su deseo de separarse del grupo parlamentario de Morena e incorporarse al grupo parlamentario del PVEM son: Deliamaría González Flandez, Mario Alberto López Hernández, Anabel Acosta Islas, Iván Marín Rangel, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Alejandro Pérez Cuéllar, Casandra Prisilla de los Santos Flores y Manuel Alejandro Cota Cárdenas.

 

Por su parte, las y los diputados Raymundo Vázquez Conchas, Magaly Armenta Oliveros, Julia Arcelia Olguín Serna, Santy Montemayor Castillo, Alejandra Chedraui Peralta y Raúl Álvarez Villaseñor, externaron su deseo de separarse del grupo parlamentario del PVEM e incorporarse al grupo parlamentario de Morena.

La Cámara de Diputados expide Bando Solemne que declara a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa

 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2024.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión expidió el Bando Solemne que da a conocer en toda la República la declaración de presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos a Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

 

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pidió publicar el Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fijarlo en las principales oficinas públicas de las entidades y de los municipios.

 

Indicó que, en cumplimiento de lo que dispone la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política y con estricto apego al mandato que impone el artículo 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General, “comunico al Pleno que he dispuesto la expedición del Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidenta electa. En consecuencia, distribúyase entre las y los ciudadanos diputados y publíquese en la Gaceta Parlamentaria”.

 

Previamente, puestos de pie las y los diputados, la secretaría de la Mesa Directiva dio cuenta del Bando Solemne que señala que la Cámara de Diputados en ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política y con fundamento en el artículo 23 numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber que:

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con fecha 1 de septiembre de 2024, mediante oficio TEPJF-SGA-OA-2686/2024, notificó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión dictamen relativo al cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y declaración de la presidenta electa de fecha 14 de agosto de 2024, donde declara:

 

Primero: La candidata Claudia Sheinbaum Pardo postulada por la coalición “Sigamos haciendo historia”, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, obtuvo la mayoría de los votos en la elección de la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Segundo: La elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos es válida por cumplir con los principios constitucionales.

 

Tercero: La ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 42 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Cuarto: Se declara a Claudia Sheinbaum Pardo primera presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos para que desempeñe su cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

 

Quinto: Se ordena expedir la constancia de mayoría y validez a la ciudadana presidenta electa en sesión solemne que para tal efecto se convoque.

 

Se pide publicar el Bando Solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fijarse en las principales oficinas públicas de las entidades y de los municipios.

 

Asimismo, se dio a conocer la comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa al cómputo final de la elección de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa.

La Cámara de Diputados da trámite de publicidad al dictamen de reformas constitucionales al Poder Judicial

 

•          Establece la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces

 

•          Sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial

 

•          Incluye la figura de “jueces sin rostro” cuando se trate de delincuencia organizada

 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2024.- El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de publicidad el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial, y establece que los puestos de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito sean designados por medio de elección popular.

 

El documento, producto de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados de la pasada Legislatura, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

 

El secretario de la Mesa Directiva, Pedro Vázquez González (PT) informó a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.

 

A su vez, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), en funciones de la presidencia, expresó que de conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

 

Elección libre, directa y secreta por la ciudadanía

 

Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

 

Entre los requisitos para ser electo ministro se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica.

 

Precisa que la SCJN se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

 

Las ministras y ministros de la Corte durarán en el cargo doce años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de la Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.

 

El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera.

 

Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo y establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos señalados en la Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

 

Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

 

El Senado recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo. Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del TEPJF o al Pleno de la SCJN para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

 

Subraya que el Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; es decir, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la SCJN postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.

 

Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el INE. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquéllos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.

 

Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna

 

Las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine el Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Argumenta que, para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. 

 

Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley.

 

Relata que cuando la falta de una ministra o ministro de la Corte, magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral, magistrada o magistrado de Circuito y jueza o juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo; en caso de declinación o imposibilidad, seguirá en orden de prelación la persona que haya obtenido mayor votación. 

 

Incluye la figura de “jueces sin rostro”, al estipular que “tratándose de delincuencia organizada el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

 

Tribunal de Disciplina Judicial

 

El documento expone que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución.

 

Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo período. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

 

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones. El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia; podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

 

Además, podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados.

 

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la SCJN y magistradas y magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

 

El Tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.

 

El dictamen precisa que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

 

Artículos transitorios

 

En los transitorios resalta que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la SCJN, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del TEPJF, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, en los términos del presente artículo.

 

Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emita el Senado serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria de 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto.

 

Menciona que el Senado tendrá un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial.

 

Para el caso de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.

 

El Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario de 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

 

Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresas al anverso los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo iniciando por el apellido paterno, e indicando la especialización por materia cuando corresponda. 

 

Además, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio de 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado el 1º de septiembre de 2025. 

           

El periodo de las ministras y ministros de la SCJN que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo Segundo transitorio durarán ocho y once años, por lo que vencerá en 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

 

Lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria de 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original.

 

Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto.

 

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en 2033, mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria de 2027 durará seis años, por lo que vencerá en 2033.

 

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria de 2025 durará ocho años, y vencerá en 2033. Además, la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 º de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025.

 

Precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

 

El período de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá en 2030 para tres de ellos, y en 2033 para los dos restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

 

Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria de 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables.

 

Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial y de los Poderes Judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente Decreto no podrán ser mayores a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de la Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los Poderes Judiciales.

 

Las ministras y ministros de la SCJN que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria de 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

 

Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

 

Los órganos del Poder Judicial y, en su caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

 

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.

 

Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

La Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura quedó legalmente constituida

para el desempeño de sus funciones

 

•          La diputada Ifigenia Martínez y Hernández (Morena) fue electa por unanimidad como presidenta de la Mesa Directiva

 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados quedó legalmente constituida para el desempeño de sus funciones; la declaratoria formal fue hecha por la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández (Morena), luego de ser electa por 496 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones como presidenta de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio constitucional que iniciará este 1º de septiembre.

 

La diputada Ifigenia Martínez dijo: “De conformidad con lo que dispone el artículo 16, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia emite la siguiente declaratoria: Hoy, 29 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la LXVI legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.

 

Como primer vicepresidente, se eligió al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena); la segunda vicepresidencia quedó a cargo de la diputada Kenia López Rabadán (PAN) y la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) ocupará la tercera vicepresidenta.

 

Las secretarias y secretarios electos fueron: Julieta Villalpando Riquelme (Morena), Alan Sahir Márquez Becerra (PAN), Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), Pedro Vázquez González (PT), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) y Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC). 

 

La diputada Ifigenia Martínez expresó: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Mesa Directiva que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la nación me lo demande”.

 

Luego de la protesta, Martínez y Hernández hizo lo propio con las y los tres vicepresidentes y las y los seis secretarios que integran la Mesa Directiva.

 

El acuerdo de los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Diputados por el que se postuló a las diputadas y los diputados que integrarían este órgano de gobierno, fue aprobado utilizando los sistemas electrónicos de votación.

 

Diputadas y diputados rinden protesta constitucional

 

En la sesión constitutiva, la presidenta de la Mesa de Decanos, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, le tomó la protesta constitucional a las diputadas y a los diputados electos.

 

Expresó: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado a la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?” Las ciudadanas y los ciudadanos electos respondieron: ¡Sí, protesto!

 

Previamente, la presidenta de la Mesa de Decanos rindió protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada a la Sexagésima Sexta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de presidenta de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación me lo reclame”.

 

La Mesa de Decanos se integró de la siguiente manera: primer vicepresidente, José Luis Sánchez González (PT); segundo vicepresidente, diputado Leonel Godoy Rangel (Morena); tercer vicepresidente, diputado José Luis Durán Reveles (PVEM); primer secretario, diputado Víctor Samuel Palma César (PRI); segundo secretario, diputado Germán Martínez Cázares (PAN); tercera secretaría, diputada Ivonne Aracely Ortega Pacheco (MC).

En la Cámara de Diputados está la representación política de nuestro pueblo y nación: diputada Ifigenia Martínez

 

•          Seremos todas y todos juntos la voz plural e incluyente de un México que aspira y lucha por ser cada vez más fuerte, próspero y democrático, afirma

 

•          Agradeció a las y los diputados por la confianza conferida para representarlos en la presidencia de la Mesa Directiva

 

•          Velaré en todo momento por la unidad de la Cámara de Diputados, asegura

 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, Ifigenia Martha Martínez y Hernández, afirmó que en este importante recinto está la representación política de nuestro pueblo y nuestra nación. “Seremos todas y todos juntos la voz plural e incluyente de un México que aspira y lucha por ser cada vez más fuerte, próspero y democrático. Los diputados en este parlamento darán cuenta de ello”.

 

Durante la sesión constitutiva de la LXVI Legislatura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de rendir protesta como presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Martínez y Hernández agradeció a las y los diputados “por la confianza que me han conferido para representarlos en la presidencia” y aseguró que “daré lo mejor de mí para fungir con este honroso encargo y velaré en todo momento por la unidad de la Cámara de Diputados”.  

 

Sostuvo que las y los diputados tienen la “alta encomienda que nos confió el pueblo a través de su voto para que sigamos transformando nuestro país”, fortaleciendo el marco jurídico que le da cauce a las instituciones, a las políticas públicas, con el objetivo central de consolidar un auténtico Estado de derecho y de bienestar social en una sociedad cada vez más justa e igualitaria.

 

La unidad está en la lucha, en los propósitos y en la acción. “Compañeras y compañeros: sigamos adelante todos unidos, todos juntos”, puntualizó.

 

Posteriormente, las diputadas y los diputados, puestos de pie entonaron el Himno Nacional.

 

Acto seguido, la presidenta Ifigenia Martha Martínez y Hernández, solicitó notificar por escrito la constitución de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los congresos de las entidades federativas.

 

Finalmente, levantó la sesión constitutiva y citó a la de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura, el domingo 1 de septiembre del año en curso, a las 17:00 horas.

La Secretaría General informa la composición inicial de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados

 

* También dio cuenta de seis grupos parlamentarios que la integrarán: Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024.- La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados quedó constituida con 500 legisladoras y legisladores. De ese total, 300 son de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, informó la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

 

En la Sesión Constitutiva, la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, destacó que la LXVI Legislatura estará constituida por 251 diputadas y 249 diputados.

 

“La Legislatura que hoy se constituye continuará abonando a un México más igualitario, equitativo y próspero, y al fortalecimiento del Poder Legislativo”, expresó.

 

Conformación inicial

 

Indicó que la conformación inicial de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados es la siguiente:

 

•          Partido Morena, 257 diputadas y diputados (182 de mayoría y 75 plurinominales).

 

•          Partido Acción Nacional, 71 diputadas y diputados (31 de mayoría y 40 plurinominales).

 

•          Partido Verde Ecologista de México, 60 diputadas y diputados (40 de mayoría y 20 plurinominales).

 

•          Partido del Trabajo, 47 diputadas y diputados (34 de mayoría y 13 plurinominales).

 

•          Partido Revolucionario Institucional, 36 diputadas y diputados (10 de mayoría y 26 plurinominales).

 

•          Partido Movimiento Ciudadano, 27 diputadas y diputados (1 de mayoría y 26 plurinominales).

 

•          Además, una diputada del Partido de la Revolución Democrática y una diputada independiente.

 

Báez Ricárdez dio a conocer que entre el 18 y 20 de junio recibió de los 300 Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) copia certificada de las constancias de mayoría y validez expedidas a favor de las diputadas y diputados federales electos por el principio de mayoría relativa.

 

Mencionó que fueron registrados un total de 558 medios de impugnación en 280 distritos electorales. Una vez resueltos dichos medios de impugnación, se formularon 98 recursos de reconsideración, mismos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en su totalidad.

 

Además, el pasado 24 de agosto la Secretaría General a su cargo recibió el acuerdo del Consejo General del INE por el que se declara la validez de la elección de diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, por lo que se asignaron 200 diputaciones.

 

Del 21 al 28 de agosto, añadió, las diputadas y los diputados electos para integrar la LXV Legislatura fueron registrados y acreditados mediante la expedición de las credenciales de identificación y acceso a la Sesión Constitutiva.

Concluye Comisión de Puntos Constitucionales

sus trabajos de la LXV Legislatura

 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2024.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), dio por concluidos sus trabajos correspondientes a la LXV Legislatura, con la aprobación de sus informes final y anual. 

 

También avaló las actas de las últimas ocho reuniones ordinarias, donde se aprobaron diversos dictámenes de reformas constitucionales relativos al Poder Judicial, Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa y simplificación administrativa, entre otros.

 

En reunión extraordinaria, Robledo Ruiz señaló que en todo momento se condujo en un marco de respeto, tolerancia y paciencia hacia los integrantes de la Comisión, para darles a cada una de las diputadas y diputados la oportunidad que les correspondía.

 

Destacó que en esta instancia se abordaron temas álgidos desde posturas muy distintas, pero gracias a la colaboración de las diputadas y diputados de cada grupo parlamentario se obtuvieron resultados positivos para el bien de México.

 

Participación de diputadas y diputados

 

La diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) reconoció el profesionalismo y paciencia del diputado Robledo Ruiz para la conducción de los trabajos y debates.

 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante reconoció la labor del presidente de la Comisión, por ser un conciliador que privilegió el diálogo y la política dentro de las enormes diferencias entre los legisladores.

 

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) comentó que en las últimas semanas hubo un debate fuerte con la oposición, pero gracias a la conducción de la presidencia de la Comisión, se obtuvieron puntos de coincidencia y se logró avanzar por unanimidad.

 

Del PAN, el diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara celebró que en el trabajo de las últimas sesiones ordinarias se haya expresado la voluntad de los diversos grupos parlamentarios para avanzar en el debate, a pesar de las diferencias. 

 

Por Morena, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa expresó su respeto y admiración por el trabajo que desempeñó el diputado Robledo Ruiz, toda vez que logró un debate incluyente, plural, de visiones encontradas y otras convergentes, lo que es parte del ejercicio parlamentario.

 

El diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez agradeció al presidente de la Comisión por haberse conducido con profesionalismo e institucionalidad, antes que responder a un color partidista en particular.

 

A su vez, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) hizo un reconocimiento a la tolerancia y prudencia de Robledo Ruiz en la conducción de los trabajos de la Comisión, lo que demostró su gran experiencia en el trabajo legislativo.

 

También de Morena, el diputado Ismael Brito Mazariegos recoció la voluntad de las y los integrantes de la instancia para sacar adelante los trabajos programados, por lo que consideró un honor haber compartir con todas y todos en la LXV Legislatura.

 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado Hamlet García Almaguer subrayó que la Comisión tuvo una gran responsabilidad de marcar cambios trascendentales para el futuro del país, lo cual se logró por la enseñanza impartida por Robledo Ruiz.  

 

La diputada Lidia García Anaya (Morena) recalcó la tolerancia del presidente de la Comisión para tratar los asuntos álgidos, por lo que deseo éxito a las y los diputados integrantes.

 

Del PVEM, la diputada Eunice Monzón García manifestó su respeto a la tolerancia con la se condujo Robledo Ruiz, sobre todo durante los momentos difíciles donde se mostró el profesionalismo de todos y cada uno de las diputadas y diputados. 

 

La diputada, Adriana Bustamante Castellanos (Morena) resaltó que la principal característica del presidente de esta Comisión fue escuchar “voces que no se habían escuchado antes”, como el de las comunidades indígenas; además, las inquietudes y dudas jurídicas y técnicas nunca fueron sesgadas.

 

En su oportunidad el diputado, Iran Santiago Manuel (Morena), agradeció el apoyo que siempre demostró la presidencia ante cualquier duda expresada, lo que habla de la gran calidad humana con la que se condujo el presidente de la Comisión.

 

De MC, el diputado Braulio López Ochoa Mijares destacó el compromiso del presidente Robledo Ruiz con el ejercicio de la pluralidad y la democracia que, aunque se tuvieron posturas encontradas, los debates fueron respetuosos.

 

De igual forma, la diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) agradeció todo el esfuerzo que hizo el presidente y su equipo para sacar adelante los temas importantes que requiere el país, pues nunca se había visto tanto dinamismo, por lo que esta Legislatura será histórica por todo lo que se aprobó para que a todos los mexicanos y mexicanas les vaya bien.

 

La diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) dijo que espera que todo lo que se logró en esta Comisión sirva para el bien de la sociedad, aunque existen temas pendientes tales como como la igualdad salarial y medio ambiente, pero confió en que la próxima Legislatura los retome.

 

El diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) manifestó que sin duda la gran experiencia que demostró Robledo Ruiz les dio gran estatura a los trabajos de la Comisión, sobre todo a las sesiones de los últimos días. 

 

El diputado del PAN, René Figueroa Reyes, remarcó el respeto por la pluralidad de ideas y el proceso legislativo que llevaron a buen puerto las tareas de la Comisión, sobre todo en temas polarizantes.

 

La diputada de Morena, Irma Juan Carlos agradeció el apoyo para aprobar la reforma al artículo 2°constitucional, a fin de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y por la gran disposición al diálogo para la aprobación del resto de los dictámenes. 

 

Por otra parte, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó las actas de sus últimas ocho sesiones ordinarias, en las se aprobaron diversos dictámenes en materia de austeridad republicana, atención médica y bienestar, cuidado del medio ambiente, protección a la salud, agua y alimentación, entre otros.

La Comisión de Puntos Constitucionales avaló en lo particular reformas constitucionales al Poder Judicial

 

•          Incorporan la figura de “jueces sin rostro”

 

•          Tras el desahogo de 330 reservas y 12 horas de debate, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.- La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo particular, con cambios, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.

 

El proyecto se avaló con 22 por votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, tras la presentación de 330 reservas, y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

 

La Comisión, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), aceptó la propuesta de modificación presentada por la diputada Lidia García Anaya (Morena) para adicionar la fracción X del Apartado A del artículo 20, relativa a la figura de “jueces sin rostro”, y reformar el precepto Segundo Transitorio, en materia de listado de personas candidatas y boletas electorales.

 

La fracción X del artículo 20 propone estipular que “tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”.

 

La diputada explicó que esta reserva busca incluir la figura de los “jueces sin rostro” como un órgano de administración judicial creado en los sistemas de determinadas jurisdicciones, encargadas del proceso y juicio de delitos generalmente vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. “Se trata de órganos donde los jueces son anónimos con el principal objetivo de salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias”.

 

Respecto a las modificaciones al artículo Segundo Transitorio, específicamente al párrafo sexto y sus incisos a, b, c, d y e, se plantea que “el listado de personas candidatas distinguirá la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en los cargos a renovar y deseen participar en la elección”.

 

Agrega que “la boleta garantizará que las y los votantes asienten la candidatura de su elección conforme a lo siguiente:”

 

“a) Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cuatro hombres; b) Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta tres mujeres y hasta dos hombres; c) Para magistradas y magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y hasta dos hombres”.

 

“d) Para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta dos mujeres y un hombre por cada sala; e) Para magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito podrán elegir hasta cinco mujeres y hasta cinco hombres”.

 

La diputada García Anaya puntualizó que las adecuaciones al Segundo Transitorio garantizan la paridad de género de manera firme y clara en todo el procedimiento de elección de las y los operadores de justicia y de quienes administrarán la justicia de acuerdo con el Código de Ética del Poder Judicial.

 

Posturas en pro y en contra

 

Al hablar en contra de la modificación, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) dijo que la figura de “jueces sin rostro” no garantizará el anonimato, ya que se propone que se elijan mediante el voto. Señaló que si van a una elección popular quedarán en una grave situación de integridad. Planteó que se elijan mediante un comité de selección que resguarde el anonimato de quien dirima cuestiones más apremiantes y desafiantes del país, como el combate a la delincuencia organizada, que se dedica a secuestrar, extorsionar y al narcotráfico.

 

Al hablar a favor, el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) dijo que la propuesta inserta plenamente en la Constitución la posibilidad de que México en su interior y en colaboración con otros países pueda hacer valer la Convención de Palermo, que es el instrumento que se ha dado el mundo para combatir el crimen organizado y el terrorismo, lo cual manda una señal positiva de la reforma en discusión.

 

De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo comentó que esta reserva, donde se está pidiendo paridad de género, paradójicamente puede afectar a las mujeres. “En la delincuencia organizada hay que tomar como dato que la alza castiga a las mujeres en este momento, es decir las mujeres del crimen organizado son mayormente susceptibles a ser detenidas y enjuiciadas”. 

 

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) manifestó que están a favor de esta propuesta, ya que el Poder Judicial es el único que se ha negado a la paridad entre hombres y mujeres y aquí se está planteando que sean más las mujeres. Asimismo, esta es una reserva que recoge las opiniones planteadas en los foros desarrollados sobre esta iniciativa presidencial. 

 

Al hablar en contra, el diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) expresó que es necesario revisar la reforma de fondo ya que no consideraron la situación actual del país. “No puede ser que hayan hecho esta reforma haciendo que los jueces y magistrados se elijan cuando no conocen lo que pasa en el país, mismo que requiere jueces en delincuencia organizada”.

 

La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de Morena, dijo que se trata de un cambio de fondo en la forma de operación del Poder Judicial en favor de las y los mexicanos y ha habido cuidado y atención en los detalles. Hemos avanzado, indicó, pero falta mucho por hacer; por ejemplo, en materia de los recursos que se le deben asignar en los estados.

 

Para presentar reservas, subieron a tribuna las y los diputados, Jorge Triana Tena, Paulina Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández, Santiago Torreblanca Engell, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del PAN; Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro Ramírez, Alma Carolina Viggiano Austria, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Zarzosa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, del PRI; Braulio López Ochoa Mijares, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, por MC; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mary Carmen Bernal Martínez, del PT y Susana Prieto Terrazas (Sin Partido). Todas sus propuestas fueron rechazadas.

 

Posteriormente, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo, citó a las y los legisladores a la próxima reunión, la cual tendrá lugar el jueves 29 de agosto, a las 9:00 horas, en modalidad semipresencial, donde se discutirán y, en su caso, aprobarán las actas de las últimas reuniones celebradas y el informe final de actividades de esta instancia legislativa.

Marcela Guerra se pronunció por que la relación del Ejecutivo Federal con la embajada de EUA mejore mediante el diálogo político

 

•          La presidenta de la Cámara de Diputados señala que EUA debe modularse en sus dichos

 

Ciudad de México, a 27 de agosto de 2024.- La diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se manifestó por que la relación del Ejecutivo Federal con la embajada de Estados Unidos en México pueda mejorarse mediante el diálogo político, para mantener la prosperidad de ambas naciones.

 

“Yo me manifiesto, como presidenta de la Cámara de Diputados, en que se mejoren las cosas a través del diálogo político, y a través, por supuesto, de que Estados Unidos pueda también modularse en sus dichos”, externó en declaraciones a la prensa, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República.

 

“Finalmente, nosotros somos un país soberano, tenemos nuestras instituciones sólidas y queremos que así siga siendo nuestra relación: de respeto. Ojalá se puedan componer las cosas, que el diálogo político prevalezca para mantener la prosperidad de las dos naciones”, agregó.

 

La diputada presidenta destacó que la relación de México con Estados Unidos no solo atañe al Gobierno Federal, sino también a los locales, además de que existen instrumentos internacionales, de los que nuestro país es parte, relacionados con la seguridad, la economía y el comercio, y “que son reglas que van más allá de una pausa que pueda el señor presidente emitir, con todo su derecho”.

 

“Somos socios. Tenemos intereses muy importantes, y nos mueve, sobre todo, una relación de prosperidad compartida, pero también de riesgos y desafíos compartidos, que tienen que ver con los temas de migración y de comercio”, enfatizó.

 

“Tenemos toda una industria en juego, mano de obra calificada que depende de la industria automotriz, que depende también del día a día de ese comercio que tenemos con Estados Unidos y también con Canadá”, finalizó.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general, reformas al Poder Judicial de la Federación

 

•         Establece la elección directa y secreta de ministros, magistrados y jueces, por la ciudadanía

•       Sustituye el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial

•         Determina que la remuneración de las personas servidoras públicas del Poder Judicial no podrá ser mayor a la del presidente

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó en lo general, por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial, y establece que los puestos de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito sean designados por medio de elección popular.

 

El documento, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal, y diversas propuestas de diputadas y diputados, sustituye al Consejo de la Judicatura Federal por el nuevo Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Para lo particular, se dio cuenta de 330 reservas a través de 34 legisladoras y legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, a la totalidad del proyecto, es decir, a los artículos: 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 de la Constitución Política, así como transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo.

 

Morena, por medio de 16 diputadas o diputados, presentó 71 reservas; PAN, con 6 legisladoras o legisladores, 49; del PRI, por medio de 6 diputadas o diputados, un total de 106 reservas; una o un diputado del PVEM dos reservas; dos representantes del PT un total de 4 reservas y dos de MC, 70, mientras que la diputada Susana Prieto Terrazas (sin partido), 28.

 

Elección libre, directa y secreta por la ciudadanía

 

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales expone que la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

 

Las ministras y ministros de la SCJ N durarán en el cargo doce años y solo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Además, ninguna persona que ha sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo.

 

Entre los requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se deberá poseer el día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente, un promedio  general de calificación  de cuando menos  ocho  puntos o su  equivalente y de nueve puntos  o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica  profesional de cuando  menos  cinco  años  en el ejercicio  de la actividad  jurídica.

 

Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda.

 

Además, el Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera.

 

Los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo. Los Poderes establecerán mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.

 

Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica, que recibirá los expedientes de las personas aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificará a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido  por  su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

 

El Senado de la República recibirá las postulaciones y remitirá los listados al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 12 de febrero del año de la elección que corresponda, a efecto de que organice el proceso electivo. Las personas candidatas podrán ser postuladas simultáneamente por uno o varios Poderes de la Unión, siempre que aspiren al mismo cargo.  Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente.

 

El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer  periodo  ordinario  de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

 

Subraya que el Poder Ejecutivo postulará por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República hasta tres personas aspirantes para el caso de ministras y ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; el Poder Legislativo postulará hasta tres personas, una por la Cámara de Diputados y dos por el Senado, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y el Poder Judicial de la Federación, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulará hasta tres personas por mayoría de seis votos.

 

Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquéllos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.

 

Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna.

 

Las magistradas y los magistrados de Circuito, así como las juezas y los jueces de Distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de forma consecutiva cada que concluya su periodo. No podrán ser readscritos fuera del circuito judicial en el que hayan sido electos, salvo que por causa excepcional lo determine   el Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Argumenta que, para ser electo magistrada o magistrado de Circuito, así como jueza o juez de Distrito, se necesita ser ciudadano   mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido  un  promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad,  maestría  o  doctorado. 

 

Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley.

 

Relata que cuando la falta de una ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia  de  la  Nación,  magistrada o  magistrado  del Tribunal  de Disciplina  Judicial,   magistrada  o  magistrado  del  Tribunal  Electoral, magistrada o magistrado de Circuito y jueza o juez de Distrito excediere de un mes sin licencia o dicha falta se deba a su defunción, renuncia o cualquier causa de separación definitiva, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos  en  la  elección   para  ese  cargo;  en  caso  de  declinación   o imposibilidad, seguirá  en  orden  de  prelación  la  persona  que  haya obtenido mayor votación. 

 

Tribunal de Disciplina Judicial

 

El documento expone que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional conforme al procedimiento establecido en el artículo 96 de esta Constitución.

 

Para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo período. Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.

 

El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en comisiones. El Pleno será la autoridad substanciadora en los términos   que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine.

 

Además, el Tribunal podrá dar vista al Ministerio Público   competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados.

 

Las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación   de las personas servidoras públicas, con excepción de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución.

 

El Tribunal evaluará el desempeño de las magistradas y magistrados de Circuito y las juezas y jueces de Distrito que resulten electas en la elección federal que corresponda durante su primer año de ejercicio. La ley establecerá los métodos, criterios e indicadores aplicables a dicha evaluación.

 

De igual modo, el dictamen precisa que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.

 

Artículos transitorios

 

En los transitorios resalta que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente Decreto.  En dicha elección se elegirán  la totalidad de  los cargos  de  ministras  y  ministros  de la Suprema  Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial,  así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito,  en los términos del presente artículo.

 

Las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior al cierre de la convocatoria que emita el Senado serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a las disposiciones transitorias aplicables del presente Decreto.

 

Menciona que el Senado de la República tendrá un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.

 

Para el caso de magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027.

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.

 

Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresas al anverso los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo iniciando por el apellido paterno, e indicando la especialización por materia cuando corresponda. 

 

Además, la jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2025. 

 

El periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo Segundo transitorio durarán ocho y once años, por lo que vencerá el año 2033 y 2036 para cuatro y cinco de ellos, respectivamente. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

 

Lo anterior no será aplicable a las ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el cargo por el periodo que reste a su nombramiento original.

 

Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto.

 

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, por lo que vencerá en el año 2033; mientras que el periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará seis años, por lo que vencerá el año 2033.

 

El periodo de las magistradas y magistrados electorales de salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará ocho años, y vencerá el año 2033. Además, la ley preverá la extinción de la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 º de septiembre de 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025.

 

De igual modo, precisa que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto sean creados el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial.

 

El período de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá el año 2030 para tres de ellos, y el año 2033 para los dos restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.

 

Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables.

 

Determina que las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes  Judiciales  de  las  entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la  entrada  en  vigor  del  presente Decreto  no  podrán  ser  mayores  a  la establecida para el Presidente  de la República en el presupuesto correspondiente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo  127  de esta Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad  para los Poderes Judiciales.

 

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria  señalada  en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño.

 

Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del   ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables.

 

Los órganos  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  y,  en  su  caso, de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria,  por lo que tendrán  un plazo máximo  de  noventa días  naturales  posteriores  a  la entrada  en  vigor  del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda.

 

Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.

 

Para la interpretación y aplicación de este Decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

Grupos parlamentarios fijan postura en la discusión en lo general de las reformas constitucionales al Poder Judicial

 

•         Participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC

 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2024.- Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, representados en la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), externaron, en tres rondas de oradores, sus posicionamientos durante la discusión en lo general del dictamen sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación.

 

Primera ronda

 

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que su grupo parlamentario le dice no a la destrucción a la autonomía del Poder Judicial y anunció voto particular para replantear la reforma judicial, a fin de fortalecer el servicio judicial de carrera, respetar la estabilidad laboral de las y los trabajadores, instaurar un Comité Independiente y verdaderamente ciudadano para formular las ternas de las y los ministros, dar autonomía total y constitucional al Consejo de la Judicatura Federal, y fortalecer a las policías y a las fiscalías.

 

De Morena, el diputado Hamlet García Almaguer expresó que es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial y a los expertos que acudieron a los foros. El dictamen consolida la paridad al establecer que cinco de las nueve personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean mujeres y propone que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga dos instancias para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario y los derechos laborales serán respetados.

 

Por el PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez destacó que cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia ni pronta ni expedita, ya que no es democrático ni prudente;  es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones y es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos; además, permite la intromisión de poderes fácticos, pues la acumulación de los expedientes no se debe a que los jueces no trabajen, sino porque no hay suficientes juzgadores.

 

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) dijo estar a favor del proyecto porque es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos y las demandas legítimas de la nación. La propuesta es democratizarlo con la elección de ministras y ministros por voto directo, que haya rendición de informes y que la legitimidad que derive de los sufragios directos refuerce la confianza en las instituciones.

 

Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo manifestó que su grupo parlamentario votará en contra porque la manera de elegir a jueces, magistrados y ministro atenta con la independencia judicial. “Claro que el sistema de justicia requiere cambios, solo que ninguno de los mismos está en este dictamen, ya que no tocan a fiscales, ministerios públicos ni a las defensorías de oficio, peritajes y, en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan”.

 

Armando Antonio Gómez Betancourt, diputado del PVEM, expresó que votarán a favor, pues la justicia se debe percibir como un servicio esencial que está al alcance de todos y responde a las necesidades reales de la sociedad. Una mayor participación ciudadana fomentará mayor transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones judiciales. “Debemos consolidar un Poder Judicial que esté al servicio de la sociedad, proteja los derechos y garantice el acceso igualitario a la justicia”.

 

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) comentó que se necesita una política pública para el sistema de justicia y esta debería ser la oportunidad para discutirla. “No podemos hoy decidir esto sin tener un diagnóstico claro y el que se ha dado ha sido muy simplista; la propuesta no soluciona el problema de acceso a la justicia. El Poder Judicial Federal sí es perfectible y los poderes judiciales locales están sufriendo muchos problemas serios que no están en la discusión”.

 

Irma Juan Carlos, diputada de Morena, resaltó que el dictamen busca reducir y controlar que los jueces, ministros y magistrados de verdad impartan justicia, por lo que hay un plazo para que ellos resuelvan un asunto y si en seis meses no lo han podido hacer, se tiene un órgano que les vigila. Pidió apoyar la reforma si de verdad se está a favor de la imparcialidad, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. “Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial”.

 

El diputado de MC, Braulio López Ochoa Mijares, manifestó que si bien se debe modificar la ley para mejorar los problemas que enfrenta el Poder Judicial a nivel federal y local, con este dictamen no se logra, ya que entorpece, dificulta y debilita su tarea. Añadió que actualmente este Poder opera bajo el servicio profesional de carrera, lo cual permite que los cambios en los titulares no comprometan el desempeño y calidad de la institución, pero la propuesta es poco sería, es injusta y antidemocrática.

 

Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó que la reforma al Poder Judicial busca hacer un nuevo Estado mexicano para que la gente tome el control en sus manos; no se trata de venganza ni de autoritarismo. Nuestra visión, subrayó, es de democracia participativa, de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con principios éticos de verdad, y queda claro el tema de la paridad de género y del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que no hay problema para que avance.

 

El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) indicó que no hay una defensoría pública de calidad en cada una de las entidades federativas y la deficiencia de la impartición de justicia también debe entenderse y atenderse desde el funcionamiento de las instituciones ministeriales, y debe democratizarse el acceso a la justicia con más y mejores jueces, más tribunales y con la profesionalización y garantía de una carrera judicial que proteja los derechos.

 

Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado de Morena, afirmó que se hace una reforma que no va a ser perfecta, pero toda norma se perfecciona en su implementación y desarrollo. “Prefiero una reforma innovadora a una acción inactiva frente a los excesos y nepotismo del Poder Judicial; prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea ésta la que siga mandando”.

 

Segunda ronda

 

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) argumentó que si se quiere corregir el acceso a la justicia se está viendo a la institución equivocada y esta reforma al Poder Judicial ataca hoy todo lo que como legisladores se juró defender. Se manifestó a favor de un régimen democrático. “Estamos defendiendo el privilegio de la democracia, de la libertad y de la verdad. No nos rendiremos y somos la resistencia democrática”.

 

El diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) explicó que lo que se busca es desmantelar la aristocracia judicial para promover un sistema por medio de una elección directa y revertir la tendencia del Poder Judicial que ha asumido roles legislativos y políticos que no le corresponden. “Esta es una sola parte de la gran reforma judicial que tendrá que ser acompañada de modificaciones a la procuración de justicia y a la seguridad pública, a través de las fiscalías y de las defensorías de oficio”.

 

Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que la reforma es regresiva, atenta contra la justicia, la verdad, la igualdad y los principios que heredaron los padres fundadores de la patria. La elección de magistrados y jueces es una simulación, el pueblo no va a elegir; por ello, si se desea reformar el Poder Judicial se deben tomar en cuenta los procedimientos y actuación del Ministerio Público, las procuradurías, los peritos y la defensoría pública en favor de la ciudadanía.

 

Por Morena, el diputado Ismael Brito Mazariegos afirmó que la reforma busca separar el poder político del judicial y está motivada por la nula justicia que reclaman los más pobres, así como la impunidad derivada de las sentencias del Poder Judicial, el cual, agregó, está gobernado por el nepotismo de jueces y magistrados. “Todo el poder al pueblo. No le teman. El del pueblo, es un poder que realmente se ciñe, se siente y seguiremos en esa ruta: que el pueblo se exprese en las urnas”.

 

Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell comentó que hay personas que apoyan esta reforma porque están convencidas de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. “En ocasiones la gente no distingue bien las facultades entre la policía, el Ministerio Público y los poderes judiciales locales y federales, y de lo que realmente está harta la gente es de la impunidad e injusticia, no en contra del Poder Judicial”.

 

El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó que están a favor porque la reforma es robusta, fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia y promueve la cultura de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. Destacó la importancia de trabajar para que la justicia no sea sólo un conjunto de normas frías, sino un instrumento vivo que promueva el bienestar y la igualdad. “El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia”.

 

Cynthia Iliana López Castro, diputada el PRI, puntualizó que se sigue sin entender que desmantelar al Poder Judicial tiene consecuencias políticas y económicas. Es grave la amenaza a la independencia al Poder Judicial. “Por qué la urgencia de desmantelarlo de un plumazo. Coincido en que se requiere una sacudida a ese Poder, pero por qué no nos vamos por examen, servicio profesional de carrera o más requisitos técnicos. Debe haber una reforma, pero no una que desmantele y entregue las llaves a los cacicazgos estatales”.

 

Por Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez afirmó que es una reforma de gran calado porque pretende democratizar al Poder Judicial, establece nuevos lineamientos para elegir a los juzgadores y la evaluación a su desempeño, crea un órgano que vigile su actuación e impulsa la austeridad y transparencia. “El objetivo es reconfigurar el sistema judicial mexicano, a fin de asegurar la autonomía, independencia y la especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, así como buscar la participación ciudadana”.

 

El diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que, si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, esta debe enfocarse en solucionar los problemas de atención en los procesos y no en la elección de las y los jueces y magistrados. En esta propuesta no hay un presupuesto constitucional que se le otorgue a este organismo para que sea autónomo realmente; por ello, mi voto será en contra, porque no existe una explicación amplia de por qué se debe elegir a las y los jueces y magistrados.

 

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, se pronunció a favor del dictamen, ya que plantea separar el poder económico del Poder Judicial, el cual “se puso por encima de los poderes de la República, no imparte justicia y es profundamente corrupto”. Añadió que “con clasismo y desprecio” se quiere negar el derecho a elegir por voto universal, directo y secreto a las personas juzgadoras, cuando la Constitución especifica que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

 

El diputado Jorge Triana Tena (PAN) señaló que la independencia judicial no es un privilegio, sino una condición fundamental y necesaria para que pueda haber una República democrática. “No es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas; al contrario, éstos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que manifestar, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución”.

 

De Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que la reforma se dará porque se tiene legitimidad para ello y porque están convencidos de que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial de la Federación es a través del voto. Puntualizó que jamás lesionarán los derechos laborales de los trabajadores. “Les decimos que no se dejen engañar por quienes tienen sueldos superiores al presidente de la República”.

 

Tercera ronda

 

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) aseguró que con la reforma no se garantiza una mejor composición del Poder Judicial, se perderán recursos humanos formados en la carrera judicial, se dejará la justicia en manos de jueces, magistrados y ministros, en muchos casos, sin formación ni experiencia necesarias. “La reforma no garantiza un país más seguro ni con más acceso a la justicia; queremos jueces, magistrados y ministros con carrera judicial, no sometidos al poder presidencial”.

 

De Morena, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa resaltó que esta reforma es de gran calado y de largo plazo, pues establece mecanismos para que el Poder Judicial de la Federación sea más eficaz y legítimo, y la elección es la única forma de seguir transformando el Estado constitucional. Además, las elecciones para los cargos de operadores de justicia se llevarán a cabo de manera gradual y escalonada, para completar la sustitución total hasta 2039. “Estamos haciendo lo que por justicia le corresponde a nuestro país”.

 

Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez dijo que es irónico que, conmemorándose el Día Nacional de la Solidaridad, se clave el último clavo a la democracia y a las libertades de la ciudadanía para acabar de crucificar al país. “Claro que estamos en contra de que en cualquier Poder haya despilfarro y falta de austeridad, pero ese no puede ser el pretexto para quitarle autonomía a un Poder constitucionalmente integrado; para ello, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos y es ahí donde se pueden reducir los excesos de este órgano”.

 

La diputada Eunice Monzón García (PVEM) indicó que se trata de una reforma profunda al Poder Judicial para transformar la justicia en el país y acercarla al pueblo. La elección de sus integrantes por voto directo, abundó, abonará a su democratización y que el procedimiento actual por designación promueve corrupción y nepotismo, por lo que al someterles al escrutinio del sufragio habrá más transparencia y rendición de cuentas; además, al ser conscientes de que su permanencia depende de la sociedad, serán más atentos a sus necesidades.

 

El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) comentó que se requiere de un sistema de justicia independiente en donde es necesario que, para la protección de los derechos de los justiciables y jueces y juezas, se viva un Estado de derecho respetado y en democracia. “Este dictamen va en contra de lo que han dicho expertos constitucionalistas. Han levantado la mano ministros, jueces y magistrados para exigir que se les respeten sus derechos al igual que las y los trabajadores”.

 

Al hablar a favor, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) subrayó que se busca una reforma para que la justicia realmente beneficie a los que menos tienen; su aprobación, aseguró, garantiza que la voluntad del pueblo se respete al tener un Poder Judicial que no esté al servicio de los poderes fácticos, ni de los más ricos del país.

 

Por el PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez lamentó que hoy se esté perdiendo la independencia del Poder Judicial y la profesionalización de quienes hoy imparten justicia; sin embargo, aclaró que existen tratados internacionales y la Constitución establece que estos adquieren el rango de máxima ley. “Estamos aún a tiempo de reflexionar, si no, nos veremos en 2025 cuando México dé cuentas en torno a los tratados internacionales de los que somos parte”.

 

La diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) destacó que la reforma es de gran trascendencia para el país, pero principalmente para las personas que buscan que exista una verdadera justicia. Se modificará el Poder Judicial de manera que se asegure la autonomía, independencia y la administración de justicia de manera pronta y expedita y se consolidará la participación ciudadana en la designación de jueces, magistrados y ministros con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

 

Irma Yordana Garay Loredo, diputada el PT, mencionó que una reforma al Poder Judicial es necesaria para el progreso de la sociedad, ya que una de las funciones principales de la fundación Estado-Nación es proteger a sus ciudadanos; por eso, se debe atender la deuda histórica respecto a la impartición de justicia en México. “Todo cambio histórico conlleva grandes resistencias, trastoca intereses, pero es ahí donde están los males nacionales”.

 

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) se pronunció a favor del proyecto, porque se propone un modelo democrático para elegir jueces con candados muy importantes y se fortalece el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al presupuesto y autonomía del Poder Judicial, “están intocados, podrá hacer su propuesta de presupuesto la próxima Legislatura y tendrá más que en 2024”. 

 

Llamó a apostar y cuidar al nuevo modelo y hacer que funcione, que las campañas no sean de territorio, propaganda, reuniones, publicidad o popularidad, sino de exposición en medios públicos con difusión nacional y que los prospectos muestren sus conocimientos en cada ciudad, jurisdicción, distrito y circuito judicial.

 

334 diputadas y diputados electos para la LXVI Legislatura cuentan ya con su credencial para la sesión constitutiva

 

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2024.- Este domingo, 30 diputadas y 26 diputados electos para la LXVI Legislatura (2024-2027), de representación proporcional, se dieron cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro para tramitar su credencial de identificación y acceso a la sesión constitutiva del 29 de agosto.

 

Hasta hoy, suman 334 parlamentarios electos que han obtenido el documento de identificación, por lo que quedan pendientes 166.

 

Del total de diputadas y diputados registrados hasta ahora, 176 son mujeres y 158 son hombres.

 

El procedimiento, que se lleva a cabo en la planta baja del edificio “C”, comenzó a las 10:00 horas y concluyó a las 18:00 horas.

 

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, mañana lunes 26 de agosto deberán acudir las diputadas y los diputados restantes de Morena, PRI y PT, de representación proporcional.

 

Por lo que respecta a las y los parlamentarios electos por el principio de mayoría relativa, mañana lunes también deberán asistir los del PRI. El martes 27 está agendado para PRD, MC y una diputada independiente, y miércoles 28, PVEM.

 

El día 28 de agosto también está señalado para la atención de asuntos por resoluciones jurisdiccionales.

Todo el procedimiento de registro y credencialización de los parlamentarios federales electos se efectúa conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Buscará Morena avalar la reforma al Poder Judicial al inicio

de la LXVI Legislatura; es una prioridad: Ricardo Monreal

 

•         El diputado electo de Morena a la LXVI Legislatura sostuvo que la mayoría calificada se construye con mucha paciencia y Morena actuará con tolerancia, respeto a la oposición y mucho diálogo, pero obviamente se hará valer la voluntad popular

 

Palacio Legislativo, 24-08-2024 (Notilegis).- El diputado electo de Morena a la LXVI Legislatura, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo que, una vez que la Comisión de Puntos Constitucionales avale la reforma al Poder Judicial, Morena buscará dar trámite a este dictamen al inicio de los trabajos de la LXVI Legislatura; es una de las prioridades del grupo parlamentario.

 

“Vamos a esperar que el dictamen de la reforma judicial se delibere y, en su caso, se apruebe, y comenzaremos por este dictamen de reforma al Poder Judicial, quizá el propio 1 de septiembre, en una sesión distinta a la de la instalación” del Congreso General”, indicó.

 

Asimismo, destacó que otras de los temas prioritarios para Morena son las reforma en materia de pueblos indígenas y la de Guardia Nacional. “Esas son las primeras tres reformas que vamos a tratar los primero días”.

 

Sobre la posibilidad de que se avale la reforma al Poder Judicial para que el presidente Andrés Manuel López Obrador la destaque durante la ceremonia del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, señaló que todo requiere de un proceso legislativo; no obstante, reconoció que el Presidente de la República es el autor de la iniciativa y desde hace años ha insistido en esto.

 

“Nadie creía que íbamos a lograr el ´Plan C´ y lo logramos, y esa es una de las reformas prioritarias para Morena. Nuestra intención es que en septiembre pueda estar discutida, deliberada y, en su caso, aprobada”, enfatizó en declaraciones a representantes de medios de comunicación, tras acudir tras acudir a la Cámara de Diputados a realizar su proceso de credencialización que lo acredita como diputado de la LXVI Legislatura.

 

Indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de la presentación de alguna iniciativa preferente por parte del Ejecutivo Federal.

 

Respecto de la conformación del Congreso de la Unión, Monreal Ávila sostuvo que la mayoría calificada se construye con mucha paciencia y Morena actuará con tolerancia, respeto a la oposición y mucho diálogo, pero obviamente se hará valer la voluntad popular.

 

“Ojalá podamos ponernos de acuerdo en todas las materias a pesar de que tenemos el bloque que participamos con la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos mayoría calificada porque, de acuerdo con las cifras, tendremos 257 diputadas y diputados, que es la primera vez en la historia en la que Morena tendrá mayoría absoluta por sí solo y con los aliados tendremos mayoría calificada”, apuntó.

 

Cuestionado sobre las críticas que realizó el embajador de Estado Unidos en México, Ken Salazar, contra la reforma al Poder Judicial, Monreal Ávila aseveró que el diplomático se excedió, lo que derivó en que el Presidente de México le enviará un extrañamiento.

 

“No recuerdo en la historia del país que un Presidente de la República haya enviado una nota diplomática a gobierno extranjero alguno por una intervención ilegal de sus representantes. Es muy desafortunada la opinión del embajador de Estados Unidos, porque no vamos a admitir ninguna injerencia de nación extranjera, y en el Congreso tampoco nos van a dictar leyes, ni normas de comportamiento general para aplicarse en la nación mexicana”, asentó.

 

Finalmente, informó que la reunión plenaria de su grupo parlamentario, en donde discutirán las prioridades de su agenda legislativa, se tiene prevista para el próximo martes 27 de agosto, a las 9:00 horas, y dos horas después sostendrán un encuentro con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Plantean aumentar estímulos fiscales a patrones que empleen a personas con discapacidad

 

•         En ISR, el beneficio fiscal sería para deducir el doble del salario efectivamente pagado y estarían exentos de pagar cuotas de seguridad social y vivienda de las y los trabajadores con esta condición

 

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2024.- El diputado Carlos Alberto Puentes Salas (PVEM) presentó una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de establecer que los patrones que empleen a personas con discapacidad obtendrán un estímulo fiscal para poder deducir el ISR por un monto equivalente al “doble” del salario efectivamente pagado a los trabajadores referidos, siempre y cuando cuenten con el certificado de discapacidad expedido por el IMSS o por la Secretaría de Salud.

 

          La legislación vigente instituye que las empresas que ocupen a personas con discapacidad se les otorga un estímulo fiscal consistente en poder deducir, de sus ingresos acumulables, el ISR equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado.

           

          También, pretende modificar las leyes del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de que los patrones estén exentos de pagar las cuotas de seguridad social y las aportaciones a la subcuenta de vivienda correspondientes a las personas trabajadoras con discapacidad que tengan contratadas.

 

En la exposición de motivos, destaca que en México, según el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete millones 168 mil 178 personas tenían discapacidad y/o algún problema o condición mental, cifra equivalente al 5.7 por ciento de la población total.

 

El mismo estudio precisa que la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más, representó el 38 por ciento de la población económicamente activa, es decir, 2.4 millones de personas.

 

“El derecho al trabajo es fundamental porque éste es el medio a través del cual las personas pueden cubrir sus necesidades básicas; por ello, el derecho al trabajo constituye un elemento indispensable para asegurar el cumplimiento de otros derechos humanos”, subraya.

 

La iniciativa menciona que las personas con discapacidad son uno de los sectores sociales que más barreras y dificultades enfrentan para acceder a sus derechos básicos como la educación y el empleo en América Latina, pues tres de cada cuatro personas en esta condición en la región se encuentran desempleadas.

 

Por ello, el diputado Puente Salas señala que la relevancia de esta iniciativa radica en que el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria o como una concesión graciosa, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas el cual permite a sus titulares vivir de manera plena e independiente.

 

El proyecto, que modifica el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y adiciona los artículos 25, 106, 107, 147 de la Ley del Seguro Social, y 29 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis, y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos

 

•         Las funciones de la Cofece, IFT, Coneval, INAI, CNH, CRE y la MEJOREDU pasarán a formar parte de dependencias del Ejecutivo Federal o al Inegi

 

•         Los ahorros que se generen por la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar

 

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2024.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión  Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi.

 

El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

 

Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable.

 

Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

 

También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

 

          El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

 

El proyecto de decreto, aprobado en reunión semipresencial de la Comisión que preside el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política. Deriva de una iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal el 5 febrero de 2024, y consideró propuestas de diputadas y diputados vinculadas con la materia.

 

INAI

 

En la fracción VIII del aparato A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que “los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”.

 

Agrega que “los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho”.

 

Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.

 

El artículo 123 establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.

 

Coneval

 

En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del Coneval, y se reforma el apartado B para estipular que el Inegi “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.

 

Cofece e IFT

 

El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la Cofece y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.

 

También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.

 

También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.

 

Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.

 

Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

 

Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.

 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

 

Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

 

Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos

 

En el artículo 28 se modifica el párrafo que indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.

 

Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información

 

Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

 

La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

 

Austeridad republicana

 

En el artículo 134 se establece que los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública.

 

En el apartado de los artículos transitorios se destaca que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan.

 

Respecto a lo dispuesto en el artículo 134, las adecuaciones legislativas que se realicen deberán considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.

 

Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información.

 

Por otra parte, se modificó el artículo 41 para que el Comité Técnico de Evaluación para la elección de las y los consejeros electorales estará integrado por cinco personas (en lugar de siete), de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Además, en el artículo 123 se define que los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el “Tribunal de Disciplina Judicial”.

 

En la fracción I del artículo 113, referente a la integración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se cambia la referencia del “Consejo de la Judicatura Federal”, por la de “Tribunal de Disciplina Judicial”.

 

Intervenciones en pro y en contra del dictamen

 

La diputada Lidia García Anaya (Morena) manifestó su voto a favor del dictamen al señalar que transfiere facultades y obligaciones de los organismos constitucionales a dependencias del Gobierno Federal, a fin de eliminar gastos innecesarios, lujos y duplicidad de funciones. También, para evitar el despilfarro de recursos de la nación y redirigirlos al combate contra la desigualdad social. Además, busca mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, economía, honradez y rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos.

 

En contra, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) dijo, respecto al INAI, que ahora el propio gobierno va a autodecidir si da la información pública solicitada o no y en caso de que sea de manera parcial o incompleta no habrá quién para obligar al ente público a entregarla. “Recordemos que fue, a través de la transparencia que se descubrieron los grandes fraudes y excesos de todos los gobiernos; sería regresar a la opacidad de antaño donde no había forma de saber en qué se gastaba y por qué”.

 

A favor, el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) explicó que el objetivo principal de la reforma es transferir las facultades y obligaciones de diversos organismos constitucionales a las dependencias de la Administración Pública centralizada que corresponde, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y permitir ahorros presupuestales para redireccionarlos hacia quienes menos tienen y más lo necesitan.

 

Al manifestarse en contra, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) dijo que se trata de desaparecer organismos creados, no por concesiones, privilegios o dádivas, sino por una lucha histórica para garantizar la credibilidad de las instituciones, por lo que pidió hacer mejoras al texto, fortalecerlas y ampliarlas. Llamó a hacer una valoración profunda, porque es una regresión a cuando quien estaba en el poder decía qué era transparente.

 

Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) señaló que con el dictamen busca consolidar a un gobierno eficiente, que no dependa de órganos autónomos innecesarios que solo duplican funciones y derrochan recursos del pueblo. “Con la aprobación de esta reforma damos un paso hacia una Administración Pública moderna, nacional, austera, que elimine duplicidades y mejore la gestión de los recursos públicos”. 

 

Del PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez indicó que, aunque la democracia en México es fuerte y sana, con los intentos de desaparecer los contrapesos que regulan al poder se cometería un terrible retroceso, ya que de los 11 organismos autónomos piensan desaparecer siete, pero hay que señalar que su razón de origen fue hacer precisamente un contrapeso. Señaló que no se habla en realidad de austeridad, sino de una cortina de humo para provocar la monopolización.

 

A su vez, el diputado de Morena, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que con esta reforma se resuelve el desmantelamiento del Estado que viene desde 1990; busca evitar la privatización del derecho público y la subordinación de México a intereses extranjeros, así como a estructuras burocráticas inoficiosas para destinar los 32 mil 313 millones de pesos, con que se han beneficiado los órganos autónomos, a los apoyos del bienestar.

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) se pronunció en contra de la destrucción del Estado de derecho y las libertades. “Hablan de Estado de bienestar cuando no hay un sistema de salud eficiente, no ha crecido la formalidad, no hay un sistema educativo eficiente. Para eso sirven los órganos autónomos, para que se diga la verdad y ustedes están generando el supremo poder conservador, por eso van sobre estos órganos, porque no les gusta la crítica y la transparencia”.

 

A favor del dictamen, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa (Morena) consideró que el fondo de lo que se plantea no es acabar con la rendición de cuentas, pues ya existen los entes encargados de hacerlo, sino que las funciones de las diferentes estancias en el Estado cumplan su función, pero “no a ser comparsa ni complacencia”; además, es éste es un nuevo régimen que está al servicio de México.

 

En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) expresó que la reforma desaparece organismos que sirven a la nación y a la transparencia, pero que no convienen al gobierno. Indicó que esta desaparición disfrazada de simplificación orgánica, tendrá muchas repercusiones; por ello, pidió reflexionar para detener el intento de quebrantar las instituciones del país.

 

Al hablar a favor, el diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) aseguró que no se quebrantan instituciones; al contrario, se fortalecen y no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades y lo que ellos tendrían que haber hecho lo harán instituciones del gobierno y no solo del Poder Ejecutivo. “Nuestra bancada avala este paquete de reformas constitucionales y, en este sentido, las de materia de simplificación orgánica del Estado mexicano” 

 

En contra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) destacó que se pretende destruir el avance de tres décadas, ya que la creación de órganos autónomos no es una concesión, sino una lucha ganada por cada uno de los ciudadanos, como es el caso del INAI, pero el día de hoy se busca dar una estocada a un derecho consagrado en convenciones y tratados internacionales. “Quieren borrar de un plumazo la historia y los compromisos que el Estado mexicano tiene con el mundo”.

 

Discusión en lo particular

 

En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para modificar los artículos 6, 28, 41 y 123 y segundo, tercero y cuarto transitorios.

 

Hablaron, a favor de las modificaciones, la diputada Adriana Bustamante Castellanos; el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, y el diputado Irán Santiago Manuel, los tres de Morena. En contra, los diputados del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández y Miguel Humberto Rodarte De Lara, así como Braulio López Ochoa Mijares, de MC.

 

No fueron aceptadas las reservas de los diputados de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares. Además, las presentadas por Cynthia Iliana López Castro, Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Laura Lorena Haro Ramírez, todos del PRI. Tampoco las de René Figueroa Reyes, Paulina Rubio Fernández, Héctor Saúl Téllez Hernández; Santiago Torreblanca Engell; Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputados todos del PAN, así como la de la diputada del PRD Edna Gisel Díaz Acevedo.

Diputadas y diputados aprueban en Comisión incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional

 

•          Con las modificaciones a la Carta Magna se faculta a esta institución para investigar delitos, en el ámbito de su competencia

 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024.- La Comisión Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política, para establecer que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), formará parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada) y tendrá la facultad de investigación de delitos, en el ámbito de su competencia.

 

Las modificaciones a la Carta Magna se avalaron en lo general con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 17 en contra y cero abstenciones. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.

 

El proyecto de decreto, avalado en reunión semipresencial de la Comisión presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), reforma los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política, y deriva de una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero y considera diversas iniciativas de diputadas y diputados.

 

Determina que la Federación “contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”.

 

Indica que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Añade que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, y que corresponde a la secretaría del ramo de Seguridad Pública formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones respectivos.

 

Precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

 

Por otra parte, se estipula que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

 

Mientras que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.

 

En cuanto a las facultades del Ejecutivo, estipula que éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.

 

Señala que para ser presidente de la República o diputado se requiere no estar en servicio activo en el Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Guardia Nacional. Para el caso de presidente, seis meses antes del día de la elección, y para el de diputado, 90 días.

 

Establece que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Además, en tiempo de paz ninguno de los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes puede alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.

 

Garantiza, además, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.

 

Hace notar que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.

           

Indica que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, cuyos integrantes se regirán por su propia ley.

 

En los artículos transitorios se menciona que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca a dicha Guardia Nacional; la nueva patente o nombramiento se expedirá con la antigüedad que posea el interesado en su grado, conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad. Deben respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.

 

La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de General de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.

 

En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un General de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.

 

El Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la secretaría del ramo Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.

 

Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la secretaría del ramo de Seguridad Pública.

 

Conforme se queden vacantes las plazas de los integrantes de la extinta Policía Federal, la secretaría del ramo de Seguridad Pública, debe transferir los recursos presupuestales a la Sedena.

 

Por su parte, el personal naval que actualmente forma parte de la Guardia Nacional permanecerá integrado a ésta, conforme a la reclasificación señalada en el Transitorio Tercero del presente Decreto.

Intervenciones en pro y contra

 

Al iniciar la discusión, el diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, manifestó su voto a favor del dictamen porque las reformas que plantea sobre la incorporación de la Guardia Nacional a las tareas de investigación influirán en la incidencia criminal para reducirla. Consideró que la seguridad pública es un reto que debe enfrentar el Estado en su conjunto, para lo cual es necesaria la coordinación entre ministerios públicos, policías y Guardia Nacional. 

 

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que México vive desde hace tres sexenios, incluyendo el que está por terminar, un problema grande de seguridad el cual se debe atender entre todos. “Es una lástima que no tuvimos un espacio en esta Legislatura para hablar profundamente de seguridad y cómo la Cámara de las y los Diputados puede contribuir en un proceso de paz”.

 

A su vez, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) planteó la importancia de lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad pública que refleje cohesión para sacar adelante el tema. Expresó que las Fuerzas Armadas gozan de gran confianza entre la ciudadanía, por lo que se les debe dotar de facultades legales y constitucionales y que la Guardia Nacional sea policial, pero con participación efectiva de las Fuerzas Armadas “para respirar la tranquilidad que anhelamos”.

 

El diputado Jorge Triana Tena (PAN) dijo que están en contra de este nuevo intento por perfeccionar la militarización de las labores en materia de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas. “No nos oponemos a que las Fuerzas Armadas participen en estas tareas, siempre y cuando cumplan con características como que las labores de estas fuerzas sean excepcionales, subordinadas, complementarias, reguladas y fiscalizadas; sin embargo, lo que se está proponiendo no cumple con ninguna de estas características”. 

 

Del grupo parlamentario del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció a favor del proyecto y dijo que es necesario tener un diálogo para fortalecer, retomar experiencias y enfrentar, como un solo cuerpo, como Estado, las dificultades en materia de seguridad pública y calificó de inaceptable que no se haya podido lograr la pacificación del país. Añadió que las reformas en este tema deben salir adelante para cumplir el compromiso con el pueblo de México. “Es un reto enorme y tenemos que alcanzarlo”, enfatizó.

 

De MC, el diputado Braulio López Ochoa Mijares indicó que lo que se quiere hacer es prácticamente militarizar y quitan el tema de que las Fuerzas Armadas no puedan participar en tareas de seguridad pública en tiempos de paz e inclusive mandatan a que se haga una ley al respecto. “Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, pacificar este país, y nada de esto lo están cumpliendo”.

 

En la segunda ronda de participaciones, la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) comentó que la seguridad requiere de una reforma integral respecto a la impartición de justicia y su procuración, donde los militares juegan un papel estratégico, de ahí la importancia de profesionalizar a la Guardia Nacional y ubicar la función que tiene los militares, a fin de desterrar la impunidad, por lo que pidió elevar la mira y dar un voto de confianza para que se puedan fortalecer sus instituciones.

 

La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) manifestó su voto en contra de proyecto porque pone al país al servicio del Ejército de manera permanente, le encomienda la perpetuidad de la seguridad pública y deja en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país. El problema de que se apruebe, dijo, es que se aumentará el empoderamiento político y económico del Ejército, pues todos los recursos financieros y humanos con que cuenta la Guardia Nacional estarían bajo el control del Ejército, lo que representa, sólo en 2024, 70 mil millones de pesos.

 

El diputado Salvador Caro Cabrera (Morena) dijo que la presidenta electa adelantó que uno de los principales ejes en materia de seguridad sería fortalecer y consolidar la Guardia Nacional como parte de la Sedena y que su administración buscaría continuar con la reforma constitucional que hoy se discute, la cual permitiría que la Guardia se integrara para garantizar la seguridad pública y evitar la corrupción.

 

Leonel Godoy Rangel, diputado de Morena, dijo que con esta reforma se plantea un nuevo modelo de combate a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular. Aclaró que las modificaciones establecen que las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil, además que la secretaría del ramo formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los respectivos programas, políticas y acciones.

 

De MC, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo dijo estar en contra porque no hay una evaluación de la actuación de la Guardia Nacional con el mando militar “que era el compromiso de 2019 cuando votamos para que existiera”. Además, no se ha apoyado con presupuesto a las policías locales. Mencionó que la tarea de seguridad es cada vez más complicada y requiere coordinación y capacitación con el Ejército, pero insistió en que una autoridad civil debe encabezar su administración.

 

Discusión en lo particular

 

En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena), para reformar el párrafo décimo primero del artículo 21 para agregar el término “de los tres órdenes de gobierno”

 

De esta forma, con la propuesta de modificación se estipula que el Ministerio Público y las instituciones policiales “de los tres órdenes de gobierno”, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Asimismo, se modificó el párrafo tercero del artículo 32 de la Constitución Política, para cambiar “Fuerzas Armadas Permanentes” por “Fuerza Armada Permanente”.

 

A favor de esta reserva se pronunció la diputada Flor Ivone Morales Miranda y el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, ambos de Morena, así como el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del PRI. En contra, el diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) y Jorge Triana Tena y Miguel Humberto Rodarte De Lara, ambos del PAN.

 

 

 Previamente, las y los integrantes de la Comisión presentaron 21 reservas: ocho de MC, siete del PRI y seis del PAN, las cuales fueron presentas por las y los diputados Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Braulio López Ochoa Mijares, de MC; Alma Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Laura Lorena Haro Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cynthia Iliana López Castro, del PRI; por el PAN, Miguel Humberto Rodarte De Lara, René Figueroa Reyes y Héctor Saúl Téllez Hernández, mismas que fueron rechazadas.

Un total de 192 diputadas y diputados electos han recibido su credencial de identificación y acceso a la sesión constitutiva

 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2024.- La Secretaría General de la Cámara de Diputados ha entregado la credencial de identificación y acceso a la sesión constitutiva del 29 de agosto a un total 192 diputadas y diputados electos que integrarán la LXVI Legislatura (2024-2027), la cual entrará en funciones el 1 de septiembre.

 

Este jueves acudieron 102 legisladoras y legisladores electos de los grupos parlamentarios de Morena y PT, de 120 que se tenían programados atender; de los cuales 49 son mujeres y 53 hombres.

 

Hasta el día de hoy se han registrado 100 diputadas y 92 diputados electos por el principio de mayoría relativa, de Morena y PT.

 

El procedimiento comenzó a las 10:00 horas en la planta baja del edificio “C” y culminó a las 19:00 horas.

 

Mañana viernes 23 de agosto deberán acudir a realizar el trámite las diputadas y los diputados electos por el principio de mayoría relativa de los grupos parlamentarios de Morena y del PAN.

 

De acuerdo con la convocatoria, las y los integrantes del PRI, acudirán el lunes 26. Del PRD, MC y una diputada independiente, el martes 27.

 

El miércoles 28, del grupo parlamentario del PVEM.

Por lo que respecta a las diputadas y los diputados electos por el principio de representación proporcional, las fechas establecidas son:

 

El sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de agosto deberán presentarse las y los integrantes de Morena.

 

Del PAN, el domingo 25, y del PT y PRI, el lunes 26.

 

El martes 27 están convocados las y los integrantes de MC y el miércoles 28 del PVEM. Este último día también está señalado para la atención de asuntos por resoluciones jurisdiccionales.

 

 

Todo el procedimiento de registro y credencialización de los parlamentarios federales electos se efectúa conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Avanza en San Lázaro registro y credencialización de diputadas y diputados electos que conformarán la LXVI Legislatura

 

•          La Secretaría General entrega los documentos de identificación personal a los primeros 90 parlamentarios electos

 

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2024.- La Secretaría General de la Cámara de Diputados llevó a cabo hoy el proceso de credencialización de 87 diputadas y diputados electos que, junto con tres que se registraron ayer martes, suman 90 legisladores integrantes de la LXVI Legislatura (2024-2027), que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.

 

De las 90 diputadas y diputados que han asistido al Palacio Legislativo de San Lázaro para recibir su credencial de identificación y acceso a la sesión constitutiva del 29 de agosto, 51 son mujeres y 39 hombres.

 

El procedimiento de este día comenzó a las 10:00 horas, en la planta baja del edificio “C”, con la inscripción de las y los representantes de mayoría relativa del grupo parlamentario de Morena, y terminó a las 18:00 horas. Este miércoles se tenía programada la asistencia de 160 diputadas y diputados.

 

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Secretaría General, las fechas asignadas para las diputadas y los diputados electos son:

 

Del grupo parlamentario de Morena deberán asistir mañana jueves 22 y el viernes 23 de agosto.

 

Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el jueves 22, y del Partido Acción Nacional (PAN), el viernes 23.  

 

En tanto, las y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el lunes 26. Del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y una diputada independiente, el martes 27.

 

El miércoles 28, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

 

Por lo que corresponde a las diputadas y los diputados electos por el principio de representación proporcional, las fechas establecidas son:

 

El sábado 24, el domingo 25 y el lunes 26 de agosto deberán presentarse las y los integrantes de Morena.

 

Del PAN harán lo propio el domingo 25, y del PT y PRI, el lunes 26.

 

El martes 27 están convocados las y los integrantes de MC y el miércoles 28 del PVEM. Este último día también está señalado para la atención de asuntos por resoluciones jurisdiccionales.

 

 

Todo el procedimiento de registro y credencialización de las y los parlamentarios federales electos se efectúa conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Proponen eliminar del Código Civil Federal limitantes para casarse y divorciarse

 

•          La iniciativa de diputada Rodríguez González (MC) también plantea suprimir términos discriminatorios contra la niñez

 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2024.- La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) propuso modificar el Código Civil Federal, a fin de eliminar las restricciones de tiempo para contraer matrimonio y para divorciarse, así como reemplazar el término “hijo ilegítimo” por el de “hijo concebido fuera del matrimonio”.

 

Lo anterior, mediante una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 267, 274, 276 y 289 de dicho ordenamiento, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

 

El artículo 267 vigente establece como causa de divorcio “que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado como ilegítimo”. Considera que esa redacción representa un acto de discriminación y violencia contra la niñez, por lo que propone cambiar ese término por el de “concebido fuera del matrimonio”.

 

Asimismo, plantea señalar en el artículo 274 que el divorcio por mutuo consentimiento puede solicitarse en cualquier momento a partir de la celebración del matrimonio, eliminando el término actual que es de un año.

 

El cambio al artículo 276 plantea eliminar la última parte de este precepto que dice: “los cónyuges no podrán volver a solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, sino pasado un año desde su reconciliación”.

 

Respecto al artículo 289 propone derogar sus últimos dos párrafos, los cuales señalan que el cónyuge que haya dado causa al divorcio, no podrá volver a casarse, sino después de dos años, a contar desde que se decretó el divorcio, y que, para que los cónyuges que se divorcien voluntariamente puedan volver a contraer matrimonio, es indispensable que haya transcurrido un año desde que obtuvieron el divorcio.

 

La diputada Rodríguez González argumenta que estas disposiciones establecen restricciones a la posibilidad de contraer matrimonio libremente y demandar libremente su disolución, por lo que pueden constituir un acto de discriminación en el caso de que se apliquen bajo criterios inherentes a la persona.

 

Además, subraya que aplicar el término “ilegítimo” a una hija o hijo es etiquetarle como persona no querida, no deseada y que es producto del error, lo que puede inducirle sentimientos de culpa por creer que causó la separación de sus padres y limitar su desarrollo pleno en la vida adulta.

 

 

Las y los legisladores, dijo, tenemos el deber y la obligación de representar a este sector, velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas nuestras decisiones y actuaciones legislativas. “No podemos permitir que esta disposición, que representa un acto de violencia contra la niñez, siga existiendo en nuestra normativa nacional”.

Plantean establecer en la ley que solo se podrán comercializar perros y gatos que estén vacunados y esterilizados

 

•          La diputada Corona Nakamura (PVEM) propone reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2024.- La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) impulsa una iniciativa en materia de cuidado de animales de compañía, con la finalidad de contemplar en la ley que, en caso de perros y gatos, solo se podrán comercializar ejemplares que cuenten obligatoriamente con tratamientos veterinarios requeridos de vacunación y esterilización.

 

El documento, turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, propone reformar el párrafo séptimo del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

 

En su exposición de motivos señala que cada vez hay más familias que se dedican a la crianza y reproducción de estas especies sin el control y conocimiento adecuado.

 

Destaca que la reproducción de perros y gatos en los domicilios particulares constituye un factor que ha contribuido a la sobrepoblación de estos animales en las calles, ya que muchas veces son abandonados, sin que hasta el momento esté atendida esta problemática debidamente por el gobierno, las autoridades sanitarias o la sociedad.

 

La iniciativa subraya que, de acuerdo con autoridades en la materia, 57 de cada 100 hogares tienen mascotas, pero solo el 20 por ciento de estos animales cuentan con un hogar estable, adecuado y en condiciones óptimas para su estancia, por lo cual México ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en casos de maltrato y crueldad animal, y el primero con más perros callejeros.

 

Por ello, la legisladora considera lamentable que esta situación se convierta en un tema de salud pública, por ser un foco de infección tanto para la sociedad como para los mismos animales, pues de acuerdo con diversos estudios, existen alrededor de 25 millones de perros y gatos en las calles, sin control, sin cuidados, sin vacunas y reproduciéndose libremente.

 

En este sentido, explica que son muchas las formas de explotación, abuso y maltrato a las que se somete a los animales de compañía, aunado a que se encuentran en lugares insalubres, sin las mínimas condiciones de seguridad ni de bienestar, incluso son utilizados para beneficio económico sin la mayor consideración.

 

Por ello, resalta que este es un problema añejo que se ha acrecentado por el desentendimiento de las autoridades y la irresponsabilidad de la sociedad que tolera, permite o alienta el abandono de perros y gatos en la vía pública.

 

Afirma que en ocasiones se tienen noticias de ataques de perros a sus propios dueños o a transeúntes con consecuencias mortales, debido a la falta de cuidados veterinarios y de vacunación. En ocasiones, agrega, los perros de “raza” que se tienen en domicilios como guardianes o para reproducir y vender son entrenados para peleas.

Secretaría General convoca a las diputadas y diputados federales electos para la LXVI Legislatura a tramitar su credencial

 

•          Deberán acudir al edificio “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro, a partir del miércoles 21 de agosto

 

CDMX, a 16 de agosto de 2024.- La Secretaría General de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria a las diputadas y los diputados federales propietarios electos que integrarán la LXVI Legislatura, para tramitar y recibir su credencial de identificación y acceso a la sesión constitutiva que se realizará el 29 de agosto.

 

            La convocatoria, publicada en la Gaceta Parlamentaria, establece que las y los legisladores electos deberán acudir al edificio “C”, planta baja, del Palacio Legislativo de San Lázaro, a partir del miércoles 21 de agosto, de 10 a 18 horas.

 

            Para las diputadas y los diputados electos por el principio de mayoría relativa las fechas asignadas son:

 

Del grupo parlamentario de Morena deberán asistir el miércoles 21, el jueves 22 y el viernes 23 de agosto.

 

            Del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), el jueves 22, y  del Partido Acción Nacional (PAN), el viernes 23.  

 

            En tanto, las y los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el lunes 26. Del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y una diputada independiente, el martes 27.

 

            El miércoles 28, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

 

Por lo que corresponde a las diputadas y los diputados electos por el principio de representación proporcional, las fechas establecidas son:

 

El sábado 24, el domingo 25 y el lunes 26 de agosto deberán presentarse las y los integrantes de Morena.

 

Del PAN harán lo propio el domingo 25, y del PT y PRI, el lunes 26.

 

El martes 27 están convocados las y los integrantes de MC y el miércoles 28 del PVEM. Este último día también está señalado para la atención de asuntos por resoluciones jurisdiccionales.

 

La convocatoria indica que, para la realización del trámite, las diputadas y los diputados propietarios electos deberán identificarse con su credencial de elector, cédula profesional o pasaporte.

 

El día del registro se hará entrega de un cuestionario con la finalidad de recabar información para conformar su ficha curricular.